En un fuerte señalamiento contra la actual administración municipal, el regidor con licencia de San Andrés Cholula, Raymundo Cuautli , denunció públicamente el presunto inflamiento de costos en obra pública y el destino incierto de más de 70 millones de pesos destinados a asesorías externas.
Aprovechando la visita del gobernador del Estado, Alejandro Armenta, el ahora exintegrante del Cabildo hizo un llamado urgente para que la Auditoría Superior intervenga antes de que los recursos sean ejecutados de forma irregular.
De acuerdo con las declaraciones del regidor de oposición, existen discrepancias alarmantes entre los presupuestos aprobados y el valor real de mercado de las obras:
* Proyecto Radial de 2.7 km: El Ayuntamiento presupuestó 80 millones de pesos. Sin embargo, expertos y constructoras consultadas aseguran que el costo máximo, incluso con materiales de alta calidad, no debería exceder los 45 millones.
* Deportivo Quetzalcóatl: Se destinaron 21 millones de pesos para una remodelación que solo incluyó cambio de pasto sintético, pintura y malla perimetral. «Es un costo excesivo para mantenimiento básico», señaló el regidor.
Opacidad en el gasto de «Asesorías Externas»
Uno de los puntos más críticos de la denuncia fue el manejo de la partida de «Asesorías externas y conocimientos científicos». Según los datos del portal de transparencia del propio municipio:
* Se destinó una bolsa total de 120 millones de pesos para este rubro.
* Al corte de septiembre de 2025, solo se habían erogado 44 millones.
* Existe un subejercicio de 77 millones de pesos cuyo destino final no ha sido aclarado por el Presidente Municipal.
«Lo pregunté en Cabildo y nunca me contestaron: ¿A dónde fueron a parar esos 77 millones? Es dinero del pueblo y queremos que se use en lo que realmente se necesita, no que se castigue a alguien cuando el dinero ya no esté», enfatizó el funcionario con licencia.
El regidor con licencia insistió en que su separación del cargo —tras aprobarse su licencia hace tres días— no detendrá sus cuestionamientos. Su objetivo principal es que los órganos de fiscalización estatal realicen una revisión física y contable para evitar que los recursos de los sanandreseños se diluyan en sobreprecios o partidas injustificadas.
